Sancionan ilegalidades cometidas en el central azucarero Mario Muñoz

Se actuó con la severidad necesaria, sin obviar las circunstancias de la comisión del delito suscitado en el central azucarero Mario Muñoz. Foto: Tomada de Internet.

En el pasado mes de abril salió a la luz un grupo de ilegalidades cometidas en el central azucarero Mario Muñoz, relacionadas con la sustracción de azúcar. Estos delitos afectaron directamente la productividad del complejo agroindustrial y la canasta básica de la población.

En este sentido fueron sancionadas 12 personas. Siete de ellos eran trabajadores del central que se apropiaban del azúcar en sus turnos de trabajo o colaboraban con los delincuentes que la extraían de los almacenes. Cinco fueron condenados a penas de encierro por la gravedad del delito, y la mayoría de ellos entraron ilegalmente a los predios del central; los siete restantes fueron sancionados de forma combinada con privación de libertad, que incluye la reclusión domiciliaria, y multas establecidas en consonancia con el valor del producto robado y a tono con las circunstancias que vive el país.

Al castigo se le suma el trabajo correccional sin internamiento bajo el estricto control y vigilancia del juez de ejecución y las demás organizaciones que participan en la tarea. Es válido aclarar que en todos los casos el producto sustraído fue recuperado.

La Instrucción 273 del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular dejó públicamente sentada la política penal a seguir en aquellos delitos que tengan alta incidencia en los territorios y dañen considerablemente el desarrollo político, económico y social del país. Es por ello que con estos inculpados se actuó con la severidad necesaria sin obviar las circunstancias de la comisión del delito y las condiciones personales de los acusados.

Los principales delitos penados son: hurto, que representa el 61 % de los casos; robo con fuerza; receptación y apropiación indebida. Los más graves, cuyas penas son superiores a ocho años de privación de libertad, son juzgados por salas provinciales.

El hecho más reprobable relacionado con el central Mario Muñoz, conocido por la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Matanzas, fue la causa 2-38 del año 2023, seguida por un delito de cohecho previsto y sancionado en el Artículo 152.1.7 del Código Penal vigente al momento de ocurrencia del hecho, cometido por un acusado de 23 años, quien trabajaba como custodio en el mencionado complejo agroindustrial.

Mientras el trabajador cumplía sus funciones, fue contactado por un grupo de delincuentes. Estos le propusieron la suma de 3 000 pesos cubanos a cambio de que les permitiera acceder al almacén de azúcar refino que custodiaba, para sustraer tres sacos de azúcar.

En presencia del joven custodio, uno de estos malhechores accedió al interior del almacén y extrajo tres sacos de azúcar refino, que equivalen a 150 kilogramos (kg), valorados en 1 848,90 pesos cubanos, a razón de 12,33 pesos el kg.

El delito fue detectado y denunciado por uno de los directivos de la empresa, el cual se encontraba de recorrido. Por la gravedad de los hechos y su impacto económico, se le impuso al acusado la sanción de cuatro años de privación de libertad efectiva, internado en un centro del Minint. La pena está apegada al límite mínimo del delito, ya que se tuvo en cuenta su carencia de antecedentes penales, colaboración y buena conducta.

El Tribunal Provincial de Matanzas reconoce que esta sentencia aún no es firme y queda pendiente a los recursos de inconformidad que se pueden establecer por el acusado al Tribunal Supremo Popular.

El municipio de Los Arabos tiene en sus predios uno de los centrales azucareros más importantes de la provincia. La compleja situación económica que atraviesa el país ha provocado un incremento del delito, la corrupción y la indisciplina laboral, que obstaculizan el cumplimiento de los planes productivos.

Sin embargo, las autoridades reconocen que no todos los casos llegan al tribunal municipal popular del territorio para ser juzgados y condenados. El delito debe ser identificado a tiempo y castigado con la rigurosidad necesaria, porque, cuando se trata de proteger los bienes del pueblo, cualquier medida es poca.

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