ONAT matancera por una exitosa Campaña de Declaración Jurada

La Campaña de Declaración Jurada (DJ) y pago de tributos dispuesta por la ley 164 del Presupuesto del Estado para 2024 se inició en Cuba el 8 de enero y se extenderá hasta el 30 de abril.

La provincia de Matanzas asume el proceso con un potencial de 31 mil contribuyentes que son personas naturales y cerca de 400 personas jurídicas, quienes deben declarar sobre el ingreso de utilidades en formato digital exclusivamente. Solamente excluyen de este requisito al sector usufructuario, que puede presentarlo por la modalidad física y virtual.

Según explica Yenly Ortega Salgueiro, directora provincial de la Oficina de Administración Tributaria (ONAT), en Matanzas ofrecen a los contribuyentes la posibilidad de acceder al modelo digital de la campaña  en cada una de las oficinas municipales y mediante el Portal Tributario.

Como una de las bondades  del ejercicio, fuertemente orientado a la vía digital, los sujetos a declarar reciben una bonificación del 5% por pronto pago y del 3% por tributar mediante los canales electrónicos.

Con la incorporación  de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) a la campaña de declaración jurada, especialistas de la ONAT en  los municipios orientan a estos actores económicos  sobre los derechos y responsabilidades que tienen ante la ley  para alcanzar la transparencia en el proceso que a su vez permite medir la disciplina fiscal de las personas naturales y jurídicas.

De los sectores más importantes a declarar y que definen la campaña en Matanzas trascienden  los trabajadores por cuenta propia, los artistas y usufructuarios.

El ingreso de los tributos se emplea en acciones de impacto social para la provincia como la transformación de barrios en situación de vulnerabilidad y la reparación de inmuebles patrimoniales.

Ante  incumplimientos una vez finalice el plazo el próximo 30 de abril, el Ministerio de Economía y Planificación tiene la potestad legal para aplicar el embargo preventivo de cuentas bancarias y la suspensión  de la actividad comercial a los actores de la economía que incumplan la normativa fiscal.

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