Además de impactar en la salud, la enfermedad ha devenido un desafío enorme para la economía cubana
Desde que el Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí, de La Habana, diagnosticara los primeros infectados en Cuba con el SARS-CoV-2 (tres turistas italianos alojados en un hostal de Trinidad) el 11 de marzo del 2020, la pandemia de la COVID-19 se convirtió en un movimiento telúrico que perturba no únicamente la vida de la familia por la incertidumbre que genera un confirmado en el seno del hogar —miles de los cuales no han logrado rebasar la enfermedad—; sino, además, la menguada economía nacional y, por ende, las arcas del Estado.
El Gobierno ha debido manejar las finanzas centavo a centavo; solo en el 2020, las fuentes de ingresos en divisas convertibles del país reportaron 2 413 millones de dólares menos en relación con el 2019, y en lo que va del 2021, la cifra asciende a 481 millones menos con respecto al primer semestre del año pasado, como consecuencia de la pandemia y del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos, que frena la entrada de ingresos y limita las exportaciones.
En tal escenario económico, el enfrentamiento al coronavirus, es decir, la salvación de las vidas de los cubanos y cubanas constituye prioridad para las autoridades gubernamentales, traducida en el respaldo a los gastos para garantizar el funcionamiento de los centros de aislamiento y la compra de insumos médicos, reactivos, equipos, medios de protección, material gastable y fármacos.
