Tras una espera de alrededor de dos años, cuando se anunció a nivel de país que se elaboraba una disposición normativa especial con rango de ley a fin de regular las relaciones jurídico-familiares, ya se puso sobre las manos de Cuba la primera versión de su futuro Código de las Familias.
Y hablo de lo que será porque el anteproyecto, que está al alcance de todo el pueblo —como también se comunicó desde hace un buen tiempo—, transita por el camino del perfeccionamiento al ser objeto de consultas desde el pasado 29 de septiembre y, posteriormente, se llevará a referendo.
Mas, desde su primera presentación mostró firmes cimientos: se atempera a los postulados de la Constitución de la República y expone las múltiples realidades familiares, dinámicas, procesos y problemáticas de la Cuba actual, en su mayoría develadas por investigaciones desde diferentes ciencias como la Psicología, la Medicina, la Sociología, la Demografía y el Derecho, que centran estrategias de trabajo de organizaciones e instituciones activas en la construcción de una sociedad más equitativa.
Así fue reconocido por Oscar Silvera Martínez, ministro de Justicia, durante un encuentro de trabajo encabezado por el Primer Secretario del Partido Comunista y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, al expresar que en el proceso previo de la elaboración del documento se identificaron 21 problemáticas fundamentales vinculadas con las relaciones parentales, el matrimonio y la unión de hecho, los temas de filiación y las instituciones de guarda y protección.
De ahí que el anteproyecto del futuro Código de las Familias haya sido calificado como novedoso, revolucionario, a tono con el contexto cubano actual, y con lo más relevante en materia de derecho familiar a nivel internacional, ya que emerge de principios fundamentales: pluralidad familiar, inclusión y afecto como sustento base de cualquier relación.
Por tanto, contar con una disposición normativa con dichas características es una necesidad y una deuda con esta nación. El vigente, con fecha de 1975, si bien significó un hito en la promoción de los valores éticos y morales de la familia cubana, además de romper con los cánones tradicionales clasistas y patriarcales de su contexto e impulsar la lucha por la igualdad de derechos entre los integrantes de la familia que reconoce, hoy no resulta coherente con nuestra sociedad plural, diversa; además, no contiene soluciones jurídicas especializadas para varios de los conflictos familiares que ocurren en la actualidad.
De ahí que antes de opinar en los análisis —oficiales y no tanto— resulta imprescindible su lectura e interpretación despojada de cualquier estereotipo. Polemizar siempre resulta saludable porque es resultado de nuestra propia diversidad. Mas en este caso urge pensar en el bien común, en proteger mucho más a quienes nos rodean.
Dividido en 11 títulos, varios capítulos y secciones —donde se calcan los diferentes tópicos de lo general a lo particular—, la propuesta legal supera los límites de lo que hasta el momento se reconoce legalmente como familia al redimensionar el parentesco, visibiliza la labor de figuras como los abuelos, padrastros, madrastras, tíos y tías en el cuidado de los menores, elemento vital en una época de tantas migraciones, misiones en el exterior…, así como presenta conceptos jurídicos nuevos como responsabilidad parental y protección de los menores en el entorno digital.
Igualmente, ampara a las víctimas de la violencia intrafamiliar, ya sea sicológica, física, sexual… y el uso de las personas menores de edad como fuerza de trabajo en el negocio familiar. Expone los derechos de adultos mayores y discapacitados, así como de quienes dedican la mayor parte del tiempo a sus cuidados.
Igualmente, incluye el matrimonio como derecho de todas las personas a partir de los 18 años de edad y, de manera excepcional, solo con autorización judicial a quienes tengan 16. Ofrece un mayor reconocimiento a la unión de hecho, a todos los derechos sexuales y reproductivos, así como al uso equilibrado del tiempo, en busca de que las mujeres —históricamente condicionadas a sostener la mayor carga de las familias al ser las máximas responsables del cuidado de menores de edad y adultos mayores— puedan desarrollarse sin sobrecargas domésticas.
También el anteproyecto plantea la posibilidad de escoger el orden de los apellidos, la adopción, los vientres solidarios, la obligación de dar alimentos…; un verdadero mosaico a semejanza de nuestra sociedad.
Sin duda, ha sido un trabajo minucioso y que evidencia el compromiso y los profundos estudios del grupo multidisciplinario a cargo de su redacción. Precisamente, para corresponder a su propio carácter inclusivo, plural y al tomar las relaciones socioafectivas en lo más alto de sus valores, se precisa que las consultas con entidades públicas y privadas vinculadas al derecho familiar y el envío de las opiniones e inquietudes de la población a través del correo electrónico familias@minjus.gob.cu se realicen sobre la base de que el Código no construye, ni impone comportamientos, orientaciones sexuales, representaciones sociales y actitudes; simplemente, como se ha presentado, tiende puentes para el entendimiento y la inclusión, en tanto abre puertas de alternativas y oportunidades a la diversidad con la que hoy coexistimos.
Y lo asume desde su propio nombre: Código de las Familias —plural que en términos estrictamente gramaticales no es determinante—, pero que apuesta por subrayar, reconocer, reforzar, desde el lenguaje, la existencia de la pluridimensionalidad familiar que ha existido, la cual ha sido, lamentablemente, silenciada, minimizada por la cultura, los ideales hegemónicos y la institucionalidad del patriarcado.
En esa búsqueda por extender cobijas en igualdad de posibilidades se distingue su principio de respetar todas las ideas religiosas, desde la actuación independiente de las mismas. Su máxima es que cada familia es una realidad independiente y debe tener todos los derechos garantizados por el Estado.
Entendido así, pudiera creerse que los análisis no chocarán de frente con criterios encontrados. No seamos ingenuos, desde hace dos años, cuando se abordó la idea de su elaboración, apareció la avalancha de resistencias, ya sea por considerar que el anteproyecto solo protege a grupos específicos como la comunidad LGBTIQ+, por agendas que responden al fundamentalismo religioso, campañas que aprovechan el más mínimo escenario para dividirnos como país, o debido a resentimientos por errores pasados…
Un buen ejercicio será dialogar con otros momentos históricos: la aprobación del aborto como derecho, las posibilidades de trabajo y estudio a las mujeres, el propio Código vigente…, todos hijos de la necesidad de un grupo mayoritario y del empuje de la máxima dirección política.
Esta vez no resulta suficiente, por lo que el llamado es tomar el respeto como principal arma para la definitiva construcción de una disposición normativa por el bienestar de cada una de las familias cubanas. Su estudio y aporte con la máxima en el bienestar y protección de todas las personas resulta un deber para con la nación del presente y del futuro.
